El COP 21, que se llevó a cabo hace dos años, fue un evento único en la historia de los acuerdos ambientales. Esta conferencia fue fundamental porque concluyó con el Acuerdo de París, que fue firmado por 197 países, incluyendo los principales emisores de gases de efecto invernadero (GEI), como China, India e, inicialmente, los Estados Unidos. Este instrumento es considerado como el esfuerzo más ambicioso para combatir el cambio climático. Entró en vigencia en noviembre de 2016 y, a la fecha, alrededor de 170 Estados ratificaron sus demandas. La decisión de la administración de Donald Trump de retirarse del acuerdo, comunicada en agosto de 2017, significó un gran retroceso. No obstante, por sus condiciones, será efectiva desde noviembre de 2020.

El principal objetivo del Acuerdo de París es sumar los esfuerzos de todos los países para mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2 °C, en comparación con los niveles preindustriales de 2100. Esta decisión se tomó en base a Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés). Cada Estado que firma el Acuerdo debe presentar un NDC que exprese su meta de reducción de sus emisiones de GEI, detallando los pasos a seguir desde 2020 para lograrlo. Las reducciones acordadas pueden ser incondicionales (a las que el país se compromete a lograr solo), o condicionales (reducciones más agresivas, supeditadas a determinadas condiciones, como el financiamiento externo). La principal preocupación con respecto al Acuerdo es que la NDC entregadas no son lo suficientemente ambiciosas. Al sumar todas las reducciones, el aumento de temperatura sería de alrededor de 3 °C, superando el objetivo. Otro problema es que no cuenta con herramientas para obligar a los países que no cumplen con sus promesas.

Argentina es parte del acuerdo desde el comienzo. Las NDC del gobierno anterior fueron calificadas como inadecuadas: abogaban por una reducción en emisiones de GEI incondicional del sólo el 15% (30% condicional a la financiación), en relación a un escenario que se mantuviera en 2030 (60% por encima de 2010 niveles). El presidente Mauricio Macri ratificó el Acuerdo de París y presentó una versión revisada de NDC que aumenta los compromisos de reducción al 18% y 37%, respectivamente, y que reconoce el perfil de emisor de GEI del país. A nivel internacional, el documento de Argentina fue criticado por no prever un plan a largo plazo ni presentar promesas ambiciosas. El revisado reconoció la necesidad del trabajo interdisciplinario para mejorar cuatro áreas clave: I + D; concientización y educación; fortalecimiento institucional y reducción de la vulnerabilidad.
Es claro que el Acuerdo de París es una de las principales medidas que los países tomaron para proteger el medio ambiente. Después de esto, participar en una COP implica nuevos desafíos para los gobiernos, y una pregunta clave: ¿todos los países están aplicando las políticas necesarias para lograr sus objetivos? Y, además, ¿cuál es la relevancia de esta COP23 para Argentina?

Durante la pasada COP, que se realizó en noviembre en Bonn (Alemania), Argentina demostró haber avanzado por un buen camino desde la adopción del Acuerdo de París. Además de la presentación del NDC revisado, el Sr. Sergio Bergman, ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, entregó un documento con acciones para alcanzar las metas, que consiste en tres planes sectoriales: energía y cambio climático, transporte y cambio climático y, bosques y cambio climático. Estos están íntimamente relacionados con la agenda G20 para el año próximo, presidido por la Argentina, en la que el desarrollo sostenible será clave. Por lo tanto, es claro que nuestra nación incorporó la agenda del G20 en todos los ámbitos de trabajo, lo cual es alentador.

Aunque Argentina representa solo el 0,7% de las emisiones de GEI en el planeta, los países miembros del G20 en conjunto son los principales contribuyentes, ya que producen el 75%. Esta es la razón por la que deben comprometerse y trabajar para enfrentar los efectos del cambio climático. La COP23 dejó en claro que los gobiernos no pueden lograr sus objetivos solos, es decir, que el trabajo del sector privado y de las ONG es necesario y que las partes interesadas deben coordinar su accionar.

No podemos olvidar que los países miembros del G20 están comprometidos con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que estipula que las energías sostenibles y el clima son dos de los principales objetivos para alcanzar la eficiencia energética y el crecimiento sostenible. Es muy importante que la declaración final de 2017 se refiera a eso, fortaleciendo la posición de una lucha contra el cambio climático que enfatice las acciones de mitigación y adaptación. El hecho de que todos hayan acordado un “Plan de acción para el crecimiento del clima y la energía del G20 en Hamburgo” no es un detalle menor en miras a este debate.

Uno de los principales temas de discusión durante la COP23 fue la relación entre el comercio y el clima, que involucra tres tópicos principales: costos, financiamiento e impuestos. Una estrategia a largo plazo debería incluir mecanismos de precios y mercados que tengan en cuenta los costos ambientales y mecanismos financieros para promover un desarrollo sostenible; las inversiones desempeñan un papel importante en la transición hacia economías verdes; además, hay que tener en cuenta las políticas fiscales. Los impuestos ecológicos han sido aplicados para proteger el medio ambiente en algunos países en los últimos años. Argentina siguió esta tendencia. Recientemente, el gobierno nacional anunció una nueva política fiscal, que estipula que los impuestos sobre los combustibles deben establecerse de acuerdo con las emisiones de CO2.

En este contexto, cabe señalar que la transición hacia una economía “verde” representa uno de los mayores desafíos para los países del G20. Este tipo tiene múltiples beneficios, como el camino a un desarrollo sostenible y la estabilidad económica mediante la creación de empleo, el fomento de la innovación, la mejora de las condiciones de salud y, por supuesto, la protección del medio ambiente. Tener en cuenta todos estos aspectos es lo que lo transforma en un desafío.

Para lograrlo, es necesario contar con cooperación internacional y financiamiento de bancos multilaterales para el desarrollo, principalmente para las economías de ingresos medianos y bajos.

Es necesario un trabajo organizado, y los think tanks pueden facilitarlo, especialmente para el T20, conocido por ser “la red de asesoría en investigación y políticas para el G20”. La idea de este foro es buscar soluciones a problemas globales y el cambio climático es uno de esos. Probablemente, el T20 es el mejor entorno para reunir a todos los interesados, para que piensen en políticas creativas que puedan transformar la realidad. El desafío para el grupo de afinidad es poder generar un debate productivo y participativo. En ocasiones, la protección del medio ambiente cuenta con la existencia de visiones sesgadas. Ahí es cuando los think tanks deberían hacer el mayor esfuerzo para fomentar el diálogo entre todos los sectores, para que estos puedan conocer todas las perspectivas y tener un conocimiento completo del tema. Cuanto más amplio es el debate, más conclusiones enriquecedoras se pueden sacar.

Es una buena práctica arribar a conclusiones conjuntas después de un debate, y el T20 las refleja en su propuesta que presenta a los miembros del G20. Mientras se discuten las políticas ambientales, los instrumentos internacionales y nacionales ayudan a tener una estrategia a largo plazo, que es una necesidad para lograr el desarrollo sostenible. Siguiendo esta idea, esta propuesta debe ser lo suficientemente contundente como para funcionar como guía transversal para todos los sectores de todos los gobiernos.